Albherto's Blog
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“Hacienda somos todos”


JUSTICIA

¿Quién es la abogada del Estado que argumenta que “Hacienda no somos todos”?

  • Este sorprendente argumento, contestado no sólo por el juez instructor, sino incluso por quien fue director de la Agencia Tributaria con Aznar, busca ‘sacar’ a la Infanta Cristina del macrojuicio por el caso Nóos

María Dolores Ripoll, la representante de la Abogacía del Estado en el Caso Nóos. Captura de vídeo de la retransmisión de la vista

Ante la perplejidad de todos, o casi todos los presentes, la abogada del Estado que, al menos en teoría, nos representaba a todos los ciudadanos en la vista del caso Nóos, María Dolores Ripoll Marínez de Bedoya, soltó en la sesión de apertura de la vista una frase que no ha pasado desapercibida: “Hacienda somos todos” no es sino un eslogan que no puede entenderse sino circunscrito “al ámbito para el que fue creado: el de la publicidad, exclusivamente como forma de concienciación al país”.¿La Abogacía del Estado somos todos?
Y una vez ‘dejado claro’ a modo de contra eslogan que “Hacienda no somos todos”, lo que vino a decir Ripoll es que debía aplicársele a Cristina de Borbón la ‘doctrina Botín’. O lo que es lo mismo, la hermana del rey debería ser excluida del macrojuicio por el caso Nóos.

La ocurrencia de Ripoll se opone al criterio del juez José Castro, que la imputó, y que sostuvo que precisamente la idea de que ‘Hacienda somos todos’ “fuerza a plantearse la naturaleza del delito contra la Hacienda pública como atentado a un bien jurídico de interés general”. Pero es que también, este mismo martes, Ignacio Ruiz-Jarabo, exdirector de la Agencia Tributaria con Aznar, en el programa Espejo Público de Antena 3 ha recordado a la Abogacía del Estado lo evidente, “que el dinero público es de todos los españoles”, y que por tanto en un delito contra la Hacienda las víctimas somos todos y las acciones populares pueden intervenir en el caso y sostener la acusación, aunque no lo haga la Fiscalía.

Quizás muchos ciudadanos, al escucharla, se plantearan la duda sobre si la idea de que la Abogacía del Estado nos representa a todos es también un eslogan. En realidad, lo que hizo María Dolores Ripoll no es nuevo. En abril de 2013, cuando comenzó esta estrategia del Gobierno para exculpar a la Infanta Cristina, ya en ELPLURAL.COM ofrecimos datos sobre el funcionamiento de esta abogada del Estado y, por extensión, de la Abogacía del Estado, en este sentido.

Por su interés actual, recuperamos lo fundamental de aquel artículo firmado por Los Genoveses:

La Abogacía del Estado, personada en el Caso Nóos$ Urdangarin y que sufragamos entre todos los contribuyentes, ha decidido presentar un escrito en el juzgado de instrucción nº 3 de Palma de Mallorca. En el citado escrito se adhiere al recurso presentado el pasado viernes por la Fiscalía Anticorrupción de Baleares contra la imputación de la infanta Cristina Federica Victoria Antonia de la Santísima Trinidad de Borbón y Grecia. Es decir, mujer del también imputado Iñaki Urdangarin  e hija del Jefe del Estado.

Como se verá más adelante, esta decisión ni es casual, ni es una decisión menor, ni mucho menos resulta creíble que la haya tomado por sí misma la jefa de la Abogacía en Baleares, María Ripoll Martínez de Bedoya, compañera de promoción de la actual directora de Gabinete del ministro de Justicia, Cristina Coto del Valle. Ministerio del que además la Abogacía del Estado depende orgánica y funcionalmente. Hasta el momento, su actuación en esta causa había pasado sin pena ni gloria. Apenas daban señales de vida dicen los que siguen la instrucción del caso.

Volvamos a la decisión. Decíamos que ni es casual ni forma parte de un mero trámite procesal. Todo lo contrario. Hay que enmarcarla dentro del despliegue de recursos públicos, de todo tipo y condición,  que de modo sincronizado desde Moncloa y desde Zarzuela se han puesto en movimiento para sacar a la imputada Infanta Cristina del Caso Nóos $ Urdangarin.

Primero fue la Fiscalía la que se movió atendiendo a las “sugerencias” del Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce. En un abrir y cerrar de ojos, el fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, recurrió el auto de imputación y hoy mismo le ha seguido la Abogacía del Estado. En los tiempos muertos del caso y a la espera de lo que resuelva la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca han ido aparecieron en escena, de manera más o menos ordenada, una declaración de la Casa Real, claramente crítica con la actuación del juez Castro,  un exponente constitucional que es fichado como abogado estrella defensor de la imputada, un emirato árabe predispuesto a recibir en su seno como inmigrante de lujo al propio Urdangarin y todo ello acompañado de una cadena de declaraciones gubernamentales poniendo en valor el papel de la Monarquía.

Es en este contexto y no en otro en el que Marta Silva de Lapuerta, abogada general del Estado-directora del Servicio Jurídico del Estado y superiora de María Ripoll Martínez de Bedoya, decide echar una mano a la defensa de la Infanta Cristina. Para los más despistados recordarles que Silva de Lapuerta, como indican sus apellidos, es hija de Federico Silva Muñoz, exministro franquista de Obras Públicas (1965-1970), sobrina de Álvaro de Lapuerta y Quintero, conocido por su doble condición de imputado en el Caso Gürtel y extesorero del PP. También ha colaborado como exempleada del constructor Florentino Pérez.

Y es en este contexto y no en otro en el que, a su vez, Marta Silva de Lapuerta ejecuta una instrucción recibida de sus superiores que por este orden son: Alberto Ruiz Gallardón, ministro de Justicia y exalcalde de Madrid y Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia.

El primero, Ruiz Gallardón, no es un ministro ajeno al Caso Nóos. Por el contrario sabe bien de que se está hablando y juzgando. De hecho, durante su etapa como alcalde, la Fundación Madrid 2016, creada e impulsada por él mismo para promocionar la frustrada candidatura de la capital como sede de los Juegos Olímpicos, abonó casi 150.000 euros al duque de Palma por unos trabajos presuntamente ficticios de los que no hay el menor rastro documental.Esta generosa “donación a fondo perdido” está siendo investigada por el juez Castro, quien se desplazó a Madrid el pasado 7 de febrero para interrogar, en calidad de imputada, a la ex consejera delegada del proyecto olímpico, Mercedes Coghen, a Gerardo Corral, director financiero de la candidatura, y a Miguel de la Villa, entonces director de Deportes del Ayuntamiento. El juez y el fiscal interrogaron como testigos, además, a la actual concejal de Deportes, Patricia Lázaro, y a Fernando Villalonga, edil de las Artes. Tanto el juez como el fiscal volvieron a Palma de Mallorca como salieron. Es decir, con la duda más que razonable que en este asunto, como en otros muchos del Caso Nóos $ Urdangarin, el dinero de los contribuyentes ha pasado de unas manos a otras hacia un destino transfronterizo.

La otra superiora de Marta Silva de Lapuerta es la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. A diferencia del ministro de Justicia no hay constancia que durante su mandato y en áreas de su competencia se haya entregado dinero público al marido de la Infanta Cristina. De lo que sí hay constancia, tal como se puede comprobar en el BOE, es que desde su llegada a Moncloa ha favorecido la creación de una tupida red en todos y cada uno de los Ministerios y en un buen número de Instituciones y Organismo públicos, formada por Abogados del Estado que como ella misma y su subordinada Lapuerta han constituido un verdadero gobierno en la sombra. Sobre su modus operandi y quienes son podéis pinchar aquí para hacerosuna idea. Lo relevante a los efectos del tema que nos ocupa es que funcionan a golpe de llamada telefónica, cenas y comidas, no necesariamente oficiales y mucho menos públicas.

Y es en este contexto y no en otro en el que es prácticamente imposible que el escrito presentando ante el juez Castro no haya recibido el visto bueno de este selecto, jerárquico y endogámico club. En su mayoría tienen en común sus profundas convicciones conservadoras, corporativas y religiosas. Saben muy bien lo que representan y a quienes representan. Y no es un hecho menor para sus intereses, la imputación y las consecuencias que de la misma se derivarían si se mantuviera.

Vamos acabando. La decisión de recurrir la imputación de la Infanta, tomada bajo el mando directo de la vicepresidenta y del ministro de Justicia nace con una sospecha debajo del brazo que más pronto que tarde se acabará conociendo. Y es que, al menos, uno de ellos con su decisión se está acercando peligrosamente a figuras penales que en los últimos tiempos se han puesto de moda.

El juez Castro carga contra la abogada del Estado en el ‘caso Nóos’ tras el ‘Hacienda no somos todos’

  • El instructor de la causa considera una “falta de respeto” hacia los ciudadanos no considerar que un fraude fiscal solo afecta a la administración titular
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 El juez instructor del caso Nóos, José Castro. EFE

El juez Castro reaparece en la actualidad del ‘caso Nóos’, tras finalizar su trabajo como instructor, para cargar contra los argumentos de la abogada del Estado por considerar que el ‘Hacienda somos todos’ es meramente un eslogan publicitario.

José Castro considera en una nota de prensa que es una “falta de respeto” hacia los ciudadanos que pagan sus impuestos esta afirmación de la abogada Dolores Ripoll, que defiende durante el juicio del ‘caso Nóos’, los intereses de la Agencia Tributaria.

El argumento esgrimido por la abogada busca desmontar los de la acusación popular de Manos Limpias que defiende el fraude fiscal como un perjuicio colectivo para que no se aplique a la infanta Cristina la doctrina Botín y que deje el banquillo de los acusados.

“Esto de que ‘Hacienda no somos todos’ es una cosa que ya se temía, pero que te lo digan en la cara me parece una falta de respeto hacia los que, ingenuamente, hemos pagados nuestros impuestos creyendo en este principio”, ha asegurado durante el segundo día de juicio José Castro, en declaraciones a Catalunya Ràdio.

Para José Castro, tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado están utilizando una diferente vara de medir en el caso de las acusaciones que recaen sobre la infanta Cristina, comparado con cualquier otro ciudadano.

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