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Fossar de Santa Eulàlia del Castillo de Montjuïc en Barcelona.


El anterior fue Francisco Giménez Arenal

Companys no fue el único ‘president’ fusilado

  • Antes le precedió en ese triste destino el militar andaluz Francisco Giménez Arenas, puesto al frente del organismo autonómico catalán después del golpe de Estado fracasado de Companys de 1934.

companys

Lluís Companys (ERC), presidente de la Generalitat

Pedro Fernández Barbadillo….. Miércoles, 14. Octubre 2015 – 21:57

El 6 de octubre, Lluís Companys (ERC), presidente de la Generalitat,  vulneró su juramento de respetar y cumplir la Constitución de la República Española y se sublevó contra un Gobierno parlamentario de centro-derecha en connivencia con el resto de la izquierda española, como el PSOE, la UGT, el PCE, la Izquierda Republicana de Manuel Azaña…

Después de ser detenido y encarcelado, el general Domingo Batet nombró presidente interino de la Generalitat al coronel de Intendencia Francisco Giménez Arenas, nacido en Granada en 1872. De este oficial dependieron en los meses siguientes todas las funciones, desde el arqueo de la caja a la inspección de los servicios, así como “la ordenación de pagos”. El militar desempeñó sus labores al frente de la Generalitat hasta enero de 1935, cuando el Gobierno de Alejandro Lerroux designó al veterano e incompetente Manuel Portela Valladares gobernador general de Cataluña.

Giménez Arenas fue ascendido a general y trasladado a Valladolid. Participó en el alzamiento de 1936 como enlace con los conspiradores catalanes. El 16 de julio estaba en Barcelona y cuando fracasó la sublevación, se le detuvo y encarceló en el buque-prisión Uruguay, amarrado en el puerto de la ciudad, el mismo en el que habían sido encarcelados Companys y sus consejeros sediciosos.

En la madrugada del 2 de septiembre, unos milicianos de la CNT le sacaron por la fuerza del Uruguay, sin que se le hubiera juzgado ni condenado, y le pasearon. Su cuerpo apareció en el cementerio de Moncada.  Sin embargo, en enero de 1937 el Tribunal Popular Especial de Barcelona, instituido por la Generalitat en octubre de 1936, le juzgó en rebeldía, junto a otros militares, y le condenó a muerte. La sentencia se había cumplido anticipadamente cuatro meses antes.

El secuestro y asesinato, así como el juicio-farsa, ocurrieron con Lluís Companys como presidente de la Generalitat, cargo en el que había sido repuesto por el Frente Popular después de haber sido indultado de la pena de 30 años a la que se le había condenado por el Tribunal de Garantías Constitucionales por su rebelión.

El jefe de los Mossos d’Esquadra, también ejecutado

Otro servidor de la Generalitat catalana al que también se mató sin que Companys moviese un dedo por salvarle fue el capitán Fernando Lizcano de la Rosa. Este oficial, veterano de la guerra de Marruecos, en la que fue herido varias veces y por cuyas acciones recibió la Laureada, participó en la represión del golpe de Estado dirigido por Companys contra la República el 6 de octubre de 1934. Su comportamiento fue tal que el Gobierno le concedió la Medalla Militar Individual por orden del 10 de octubre de 1935.

Entre octubre de 1934 y febrero de 1936, hasta que se restauró la Generalitat y se indultó a Companys, estuvo al mando de los Mossos d’Esquadra. Este cuerpo policial había participado en la rebelión al frente de su jefe, el comandante Enrique Pérez Farrás, quien fue condenado a muerte por hacer armas contra sus compañeros y otros ciudadanos, pero indultado por presión del presidente de la República Niceto Alcalá-Zamora.

Lizcano de la Rosa participó en la sublevación del 18 de julio de 1936, a las órdenes del general Manuel Goded y combatió en el edificio de la Capitanía General. Después de rendirse, se le encerró en el Uruguay. Allí se le sometió a un consejo de guerra, junto con otros tres oficiales, el 23 de agosto de 1936. La sentencia dictada el mismo día fue de pena capital para los cuatro militares y se cumplió en los fosos del castillo de Montjuich el 26 de agosto.

En ese castillo también acabó su vida Companys cuatro años después.

Y Andrés Nin, consejero de Justicia que dirigió la formación de los tribunales populares, fue capturado por los comunistas, entregado a los soviéticos, torturado hasta morir y difamado como agente nazi.

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